España ha presentado un protocolo marco estatal para combatir el acoso escolar y el ciberacoso, introduciendo medidas novedosas como el registro unificado de casos y la inclusión de conductas vinculadas a tecnologías emergentes, como los deepfakes.
Desde el punto de vista jurídico, este protocolo refuerza la responsabilidad de los centros educativos y abre nuevas vías de actuación frente a conductas digitales lesivas. También plantea retos legales en materia de protección de datos, prueba digital y coordinación entre administraciones, lo que exigirá una adaptación progresiva de la normativa y de los procedimientos internos de los centros.
